Corte Constitucional del Ecuador

Tema: La Corte Constitucional analiza si el auto de llamamiento a juicio y el auto que declaró su nulidad son objeto de una acción extraordinaria de protección, y si se vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de non reformatio in peius en las sentencias de apelación y de casación emitidas dentro de […]

10. Continúa indicando que: “nuestra constitución introduce en nuestro sistema penal la llamada libertad condicionada (Art. 77, N12 CRE), (…) la cual tiene fines principalmente restaurativos, abandonando el enfoque retribucioncita (sic), propio de la prisión, pues conforme lo establece el Art. 631 del COIP, permite que se suspenda el encarcelamiento por medidas como tratamientos médicos,

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional, al responder las consultas de norma por parte de la jueza y el juez consultantes, dispone: 1. Declarar la inconstitucionalidad de las palabras “máximo” y “el tipo penal” del artículo

La Corte resuelve la consulta de constitucionalidad respecto al artículo 536 del Código Orgánico Integral Penal relativo a la sustitución de la prisión preventiva. Luego del análisis correspondiente la Corte Constitucional declara la inconstitucionalidad de la prohibición de la sustitución de la prisión preventiva en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad superior a

Tema: La Corte Constitucional revisa las decisiones judiciales correspondientes a los procesos No. 365-18-JH, No. 278-19-JH, 398-19-JH y 484-20-JH, y analiza el alcance del hábeas corpus como garantía jurisdiccional para la protección de la integridad personal frente a tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en el ámbito carcelario. La Corte observa que existe una

51. A fin de constatar si los jueces accionados tramitaron el recurso de apelación en un plazo razonable se analizarán los siguientes elementos: (i) la complejidad del asunto, (ii) la actividad procesal del interesado, (iii) la conducta de las autoridades judiciales, y (iv) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en

29. (…) No accedió a la grabación magnetofónica por imposibilidad técnica, mas no por una inobservancia a la publicidad de los documentos y actuaciones del proceso. En los escritos presentados en todo el proceso por parte del accionante, se constata que pudo presentar sus razones y argumentos, así como replicar con amplitud las aseveraciones de

41. En este sentido, en aquellos casos en los que no exista normas infra constitucionales sobre las que se pueda fundamentar la resolución de un caso, es obligación de los jueces aplicar directamente los preceptos contenidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, pues está prohibido condicionar su aplicación a la

2. En los lugares donde no sea posible aplicar el precepto anterior, hasta que el
Consejo de la Judicatura disponga el número suficiente de juzgadores
especializados y garantice de forma progresiva el derecho a ser juzgados por
un juez o jueza especializado, para los casos de flagrancia de adolescentes
infractores, se seguirán las siguientes reglas:
a. La tramitación de los procedimientos penales de flagrancia -en todas sus
etapas- deberán ser sustanciados por un juez o jueza especializado en
adolescentes infractores.
b. En los lugares donde no hubiere juez o jueza especializado en
adolescentes infractores, los procedimientos penales de flagrancia -en todas
su etapas- deberán ser sustanciadas por un juez o jueza de familia, mujer,
niñez y adolescencia.
c. En los casos de flagrancia, que se presenten fuera de la jornada ordinaria
y no hubiere disponible juez o jueza especializado en adolescentes
infractores o en su defecto, juez o jueza de familia, mujer, niñez y
adolescencia, la calificación de la flagrancia podrá ser resuelta por jueces de
garantías penales o jueces multicompetentes, luego de lo cual deberá derivar
inmediatamente al juez o jueza especializado para que continúe con el
trámite correspondiente.

39. Sobre el primer punto de análisis, esta Corte advierte que, de acuerdo a lo previsto en el numeral 1 del artículo 41 de la LOGJCC17 , el legitimado pasivo de la acción de protección, llamado a responder por el “acto u omisión de una autoridad pública no judicial” que se acusa de vulnerar derechos constitucionales, es justamente la autoridad pública que ha emitido el acto o ha dado lugar a la omisión impugnada; en
concordancia con el numeral 4 del artículo 8 de la LOGJCC18, el cual establece que, las notificaciones deberán realizarse a “la persona legitimada activa” y a “la persona, entidad u órgano responsable del acto u omisión”, aquello debe observarse en armonía con el numeral 3 del artículo 86 de la Constitución, el mismo que establece que, el responsable del acto u omisión que se acusa de conculcar derechos constitucionales es el llamado a demostrar lo contrario.19