Corte Constitucional del Ecuador

Tema: La Corte Constitucional resuelve que el auto de inadmisión del recurso de revisión emitido dentro del proceso No. 17721-2016-0101 vulneró los derechos de Iván Patricio Espinoza Leiton a la tutela judicial efectiva (Art. 75 de la Constitución) y al debido proceso en las garantías de la observancia del trámite propio de cada procedimiento y de ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones (Art. 76, numerales 3 y 7, literal c de la Constitución).

48. En tal sentido, pese a que el artículo 573 del COIP, citado por los legitimados pasivos, determina que para la interposición y fundamentación de recursos debe considerarse únicamente los días hábiles, esto es días laborables, la administración de justicia tomó en cuenta a los días sábado 27 y domingo 28 de febrero de 2016 para contabilizar el tiempo de interposición de los recursos de ampliación y aclaración; esta situación deviene en una vulneración de la garantía contenida en el artículo 76 numeral 3 de la CRE al inobservar el trámite propio que regulaba la interposición de recursos en el proceso penal. Adicionalmente, se verifica una transgresión a la seguridad jurídica ya que pese a que existía un ordenamiento jurídico previsible, claro determinado, estable y coherente que permitía a los accionantes tener una noción razonable de las reglas del juego a
ser aplicadas14 en la etapa de impugnación en materia penal, estas fueron inobservadas por la administración de justicia.

29. Esta Corte Constitucional resalta que la sola inconformidad o discrepancia con el sentido de determinada decisión judicial y con los argumentos que la sustentan, no implica la vulneración de la garantía de motivación, por lo que no le corresponde a este Organismo efectuar un análisis en ese sentido. Al respecto, esta Corte ha señalado que: “Al analizar la motivación de una sentencia, no es labor de la Corte Constitucional entrar a valorar el mérito de las razones jurídicas expuestas en la misma. En este punto, se observa que los argumentos desarrollados por los accionantes respecto de este cargo, no están dirigidos a demostrar una supuesta falta de motivación, sino a plantear los argumentos que consideran sostienen su tesis… ” 7

Tema: La Corte Constitucional analiza la constitucionalidad de los artículos 149 y 150 del Código Orgánico Integral Penal relativos a la penalización del aborto consentido en casos de mujeres víctimas de violación y declara la inconstitucionalidad por el fondo de la frase “en una mujer que padezca de una discapacidad mental” contenida en el artículo 150 numeral 2 del COIP.

48. De lo referido, esta Corte constata que si bien el auto de 9 de junio de 2016 no se notificó a través de boleta física, la decisión en mención sí fue notificada al correo
electrónico designado por la compañía accionante, el mismo día en el cual fue dictado, tal como quedo expuesto en el párrafo ut supra.

28. Por lo expuesto, queda en evidencia, por un lado, el interés de la accionante de no desistir del recurso de apelación; y, por el otro, la omisión de la Sala Provincial en su labor jurisdiccional, al no asegurarse que el abandono de la impugnación a una sentencia condenatoria, por parte de la procesada, no fue el resultado de una defensa ineficaz.

La Corte Constitucional analiza si en el proceso penal No. 04281-2015-00182 en el cual se ordenó el comiso penal de un vehículo se vulneraron los derechos al debido proceso en las garantías a la defensa y motivación; seguridad jurídica y propiedad. Una vez realizado el análisis correspondiente, este Organismo acepta la acción y declara la vulneración a los derechos de Geny Amparo Ibarra Delgado y su hijo.

Tema: En función a la consulta de norma remitida por la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el cantón Lago Agrio, esta sentencia resuelve una duda razonable surgida respecto a la constitucionalidad de la aplicación de los artículos 433 numeral 2 y 592 último inciso del COIP en el contexto de la calificación de la acusación particular que haya sido presentada dentro del plazo de la instrucción fiscal, pero cuyo reconocimiento se lo haya hecho fuera de dicho plazo. La Corte determina la constitucionalidad de las disposiciones consultadas y realiza una interpretación conforme sobre las mismas en torno a la situación concreta que dio origen a esta consulta.

La primera Corte Constitucional inició funciones el 6 de noviembre de 2012, día en el cual terminó su ejercicio la denominada Corte Constitucional para el periodo de transición. Desde aquella fecha la Corte ha realizado un rol de consolidación de las instituciones constitucionales, dotando de contenido los derechos y las garantías que se consagran en la Constitución; en consecuencia, existe un abundante número de sentencias y dictámenes que requieren ser estudiados de manera rigurosa, con el objetivo de comprender el aporte jurisprudencial del máximo órgano de interpretación y control constitucional.