Sentencias relevantes en materia penal y constitucional
41. En este sentido, en aquellos casos en los que no exista normas infra constitucionales sobre las que se pueda fundamentar la resolución de un caso, es obligación de los jueces aplicar directamente los preceptos contenidos en la Constitución y…
2. En los lugares donde no sea posible aplicar el precepto anterior, hasta que el
Consejo de la Judicatura disponga el número suficiente de juzgadores
especializados y garantice de forma progresiva el derecho a ser juzgados por
un juez o jueza especializado, para los casos de flagrancia de adolescentes
infractores, se seguirán las siguientes reglas:
a. La tramitación de los procedimientos penales de flagrancia -en todas sus
etapas- deberán ser sustanciados por un juez o jueza especializado en
adolescentes infractores.
b. En los lugares donde no hubiere juez o jueza especializado en
adolescentes infractores, los procedimientos penales de flagrancia -en todas
su etapas- deberán ser sustanciadas por un juez o jueza de familia, mujer,
niñez y adolescencia.
c. En los casos de flagrancia, que se presenten fuera de la jornada ordinaria
y no hubiere disponible juez o jueza especializado en adolescentes
infractores o en su defecto, juez o jueza de familia, mujer, niñez y
adolescencia, la calificación de la flagrancia podrá ser resuelta por jueces de
garantías penales o jueces multicompetentes, luego de lo cual deberá derivar
inmediatamente al juez o jueza especializado para que continúe con el
trámite correspondiente.
39. Sobre el primer punto de análisis, esta Corte advierte que, de acuerdo a lo previsto en el numeral 1 del artículo 41 de la LOGJCC17 , el legitimado pasivo de la acción de protección, llamado a responder por el “acto u omisión de una autoridad pública no judicial” que se acusa de vulnerar derechos constitucionales, es justamente la autoridad pública que ha emitido el acto o ha dado lugar a la omisión impugnada; en
concordancia con el numeral 4 del artículo 8 de la LOGJCC18, el cual establece que, las notificaciones deberán realizarse a “la persona legitimada activa” y a “la persona, entidad u órgano responsable del acto u omisión”, aquello debe observarse en armonía con el numeral 3 del artículo 86 de la Constitución, el mismo que establece que, el responsable del acto u omisión que se acusa de conculcar derechos constitucionales es el llamado a demostrar lo contrario.19
Tema: La Corte Constitucional resuelve que el auto de inadmisión del recurso de revisión emitido dentro del proceso No. 17721-2016-0101 vulneró los derechos de Iván Patricio Espinoza Leiton a la tutela judicial efectiva (Art. 75 de la Constitución) y al debido proceso en las garantías de la observancia del trámite propio de cada procedimiento y de ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones (Art. 76, numerales 3 y 7, literal c de la Constitución).
48. En tal sentido, pese a que el artículo 573 del COIP, citado por los legitimados pasivos, determina que para la interposición y fundamentación de recursos debe considerarse únicamente los días hábiles, esto es días laborables, la administración de justicia tomó en cuenta a los días sábado 27 y domingo 28 de febrero de 2016 para contabilizar el tiempo de interposición de los recursos de ampliación y aclaración; esta situación deviene en una vulneración de la garantía contenida en el artículo 76 numeral 3 de la CRE al inobservar el trámite propio que regulaba la interposición de recursos en el proceso penal. Adicionalmente, se verifica una transgresión a la seguridad jurídica ya que pese a que existía un ordenamiento jurídico previsible, claro determinado, estable y coherente que permitía a los accionantes tener una noción razonable de las reglas del juego a
ser aplicadas14 en la etapa de impugnación en materia penal, estas fueron inobservadas por la administración de justicia.
29. Esta Corte Constitucional resalta que la sola inconformidad o discrepancia con el sentido de determinada decisión judicial y con los argumentos que la sustentan, no implica la vulneración de la garantía de motivación, por lo que no le corresponde a este Organismo efectuar un análisis en ese sentido. Al respecto, esta Corte ha señalado que: "Al analizar la motivación de una sentencia, no es labor de la Corte Constitucional entrar a valorar el mérito de las razones jurídicas expuestas en la misma. En este punto, se observa que los argumentos desarrollados por los accionantes respecto de este cargo, no están dirigidos a demostrar una supuesta falta de motivación, sino a plantear los argumentos que consideran sostienen su tesis... " 7
Tema: La Corte Constitucional analiza la constitucionalidad de los artículos 149 y 150 del Código Orgánico Integral Penal relativos a la penalización del aborto consentido en casos de mujeres víctimas de violación y declara la inconstitucionalidad por el fondo de la frase “en una mujer que padezca de una discapacidad mental” contenida en el artículo 150 numeral 2 del COIP.
48. De lo referido, esta Corte constata que si bien el auto de 9 de junio de 2016 no se notificó a través de boleta física, la decisión en mención sí fue notificada al correo
electrónico designado por la compañía accionante, el mismo día en el cual fue dictado, tal como quedo expuesto en el párrafo ut supra.
28. Por lo expuesto, queda en evidencia, por un lado, el interés de la accionante de no desistir del recurso de apelación; y, por el otro, la omisión de la Sala Provincial en su labor jurisdiccional, al no asegurarse que el abandono de la impugnación a una sentencia condenatoria, por parte de la procesada, no fue el resultado de una defensa ineficaz.
La Corte Constitucional analiza si en el proceso penal No. 04281-2015-00182 en el cual se ordenó el comiso penal de un vehículo se vulneraron los derechos al debido proceso en las garantías a la defensa y motivación; seguridad jurídica y propiedad. Una vez realizado el análisis correspondiente, este Organismo acepta la acción y declara la vulneración a los derechos de Geny Amparo Ibarra Delgado y su hijo.
